Segunda firma del Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad para 19 municipios

Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Como bien aclaraba Javier, nuestro ministro Seguridad, esto vendría a ser, ya completar, creo que con todos, faltará alguno, pero casi todos los municipios de la Provincia, la firma del anuncio y de las decisiones que tomamos y que refrendamos el 26 de marzo en la Escuela Vucetich, en ocasión también del día en el que los cadetes de nuestra Policía de la Provincia se estaban recibiendo, estaban recibiendo grados ya de oficiales. Y bueno, la verdad que es una decisión que se enmarca en un contexto. Voy a hablar de ese contexto.

 

El contexto es que nos sacaron, desde el Gobierno nacional, fondos que estaban, específicamente, dirigidos a la cuestión de la seguridad. Se hizo de manera ilegal esa exacción de fondos, por eso estamos reclamando que el Gobierno nacional, y lo estamos haciendo en la Corte Suprema de Justicia, nos reintegre, nos recupere los fondos destinados a las compras de patrulleros, al equipamiento de la Policía, a las cuestiones tecnológicas y también a la formación y a los propios sueldos de la Policía de la Provincia.

 

Ese Fondo de Seguridad correspondía a un porcentaje de la coparticipación, con lo cual tenía varias funciones. La primera era de aplicación específica. Es decir, se trataba de un reconocimiento que comparto, pero que compartió el Gobierno nacional y el Congreso de la Nación a través del presupuesto nacional de que la inversión en seguridad en la provincia de Buenos Aires necesitaba un refuerzo de una magnitud que supera arcas municipales y las arcas provinciales, es decir, que había que hacer por la fisonomía, por la naturaleza, por aspectos cuantitativos y cualitativos, había que hacer una inversión especial y específica de mayor cuantía para reforzar la seguridad en la Provincia, tanto en el conurbano como en el interior.

 

Para eso, se destinó un monto asociado al porcentaje que recibe la provincia de Buenos Aires, el índice de la coparticipación. Esto representaba un 1,18% adicional a lo que recibe la Provincia que es un número, no solo escueto, sino absolutamente injusto por cualquier indicador o por cualquier aspecto en que se lo mire.

 

Ustedes saben que la provincia Buenos Aires, por hechos históricos que nos anteceden, fue discriminada en materia de coparticipación y la dificultad y el problema que esto genera, está la vista, así como queda muy claro cuál es, en términos numéricos, la discrepancia entre lo que la Provincia aporta, lo que la Provincia produce, la que la Provincia representa en términos poblacionales y lo que recibe luego de que los impuestos o los tributos se recaudan, ¿no?

 

La provincia de Buenos Aires, para decirlo en números redondos, aporta aproximadamente el 40% de los recursos totales que nutren la base impositiva argentina, y recibe un 20% solamente en términos de coparticipación, en la distribución secundaria entre las provincias argentinas. Ahora, ese número es relativamente engañoso. Claramente resulta discriminatorio e insuficiente, porque aportamos el 40 y recibimos el 20, ahí hay una discrepancia que representa una injusticia histórica, pero la cuestión es mucho peor, porque cuando se diseña el régimen de coparticipación, históricamente, el procedimiento se diseña en dos etapas: una primera, que se conoce como coparticipación primaria y una segunda que es la coparticipación secundaria.

 

Las provincias, todas las provincias argentinas, y por ser un país federal esto tiene lógica, y además es algo que se replica en todos los países que tienen esta naturaleza, la Provincia cede la recaudación tributaria. La cede, es una cesión al Gobierno nacional, es decir que hay tributos que son producto de actividades, ya sea de producción o de consumo que se realizan en la provincia Buenos Aires, pero la recauda una agencia nacional, la que siempre fue la AFIP, luego ARCA, ¿no?, antes, previamente, DGI. Y son los impuestos, los tributos internos, los que no tienen que ver con el comercio exterior que además los preceden históricamente.

 

De esos tributos que se recaudan, del total que se producen en el territorio argentino, son productos del trabajo y la producción argentina y el consumo argentino, por lo tanto, los lleva adelante gente que vive en provincias, todo eso en algunos impuestos específicos, es recaudado por el Gobierno nacional. Eso genera una masa tributaria. Esa masa tributaria es objeto de una distribución primaria, se reparte entre la Nación y las provincias.

 

Esa distribución primaria es la que se ha ido deteriorando a lo largo del tiempo. Es decir, ha caído la parte de los tributos que se distribuye entre las provincias en detrimento de lo que retiene el Gobierno nacional. Es decir, que se ha vuelto más unitario y más centralista, ya de movida, el reparto entre los recursos tributarios que se producen en el territorio argentino y que producen los y las argentinas. Esa distribución primaria, como decía, se para entre recursos que van a ir al Gobierno nacional y los que se van a distribuir luego entre las provincias.

 

Y luego, viene la distribución secundaria, que tiene un índice de coparticipación que es el que estoy comentando, que no solo requería una ley nueva según decisiones que se tomaron y nunca se cumplieron para revisar ese coeficiente de coparticipación que le toca a cada una de las provincias por algún criterio lógico, no el que tiene hoy, que puede ser producción, pueden ser necesidades, puede ser inequidades o puede ser población.

 

Evidentemente, cualquiera de esos índices nos daría mejor que el que tenemos hoy de 20/22 en algunos momentos de coparticipación que nos permite recibir una parte de la masa de coparticipación que proviene de esa distribución original entre Nación y provincias. Entonces, yo decía, ‘aportamos el 40’. Pero, ¿a qué aportamos el 40? A todo. A la parte que se coparticipa y a la que no.

 

Y recibimos el 20 de la parte que se coparticipa. Si tomamos el total de la masa tributaria que se genera en todas las provincias argentinas, también en la nuestra, como decía recién, aportamos el 40, pero cuando vemos lo que nos llega del 100%, es solo el 7.

 

Porque hay dos momentos en donde se pierden recursos en detrimento de una distribución, que yo convengo que es lógico y razonable que exista, pero no en estas proporciones.

 

Entonces, la primera vez lo que se queda el Gobierno nacional, que se ha ido comiendo recursos que iban antes a las provincias, y luego la que se reparte en las provincias, donde la parte de la provincia de Buenos Aires se ha ido reduciendo en diferentes instancias históricas, se han cedido puntos de coparticipación, la última instancia en donde ese coeficiente cambia para deteriorar lo que recibe la provincia Buenos Aires, ocurre cuando el gobernador era Armendáriz, el presidente era Alfonsín y se resuelve que la provincia Buenos Aires ceda una parte de los recursos que recibía a la distribución general y, en particular, a algunas provincias.

 

Pero no estoy planteando aquí tirar del mantel o tirar o repartir distinto esa masa total; lo que estoy diciendo simplemente es que con lo que recibe la provincia de Buenos Aires se produce una situación injusta y que no alcanza.

 

La primera discusión es cuánto recibe el Gobierno nacional. ¿Y cuánto recibe el Gobierno nacional y para qué? Porque cuando se forma nuestro país como un país federal, que esto tiene más que ver con los recursos aduaneros, porque en aquel momento la principal fuente de recursos era el comercio exterior, cuando se forma nuestro país, se resuelve distribuir los recursos, todavía no existían los impuestos como hoy se conocen, a las ganancias, al patrimonio, o menos todavía al consumo, a los ingresos, o a la producción en general. Así que no existían. Eran recursos básicamente del comercio exterior. Era la famosa recaudación del Puerto de Buenos Aires. Eso se comenzó a distribuir entre todas las provincias argentinas.

 

Ahora, una parte de esos recursos se los quedaba el Gobierno nacional ¿Por qué? Porque nuestro país, originariamente, surge como una unión de gobiernos provinciales, que ceden recursos al Gobierno nacional con una contrapartida. ¿Y cuál es la contrapartida? Que se ocupe de algo, que se ocupe de cosas. Que tenga una intervención en diferentes áreas de la vida común de los argentinos. No se lo cede para que haga lo que quiera el Gobierno nacional. Se lo cede para que se ocupe de cuestiones muy específicas que constan en la Constitución Nacional, que son deberes del Gobierno nacional, no opciones, ideas, sugerencias, deberes del Gobierno nacional, y derechos consagrados por nuestra Constitución. Derechos, derechos, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, que tiene en esa concreción de los derechos un papel, debería tener, importante el Gobierno nacional. Se borró.

 

Hoy el Gobierno nacional no hace obra pública en las provincias argentinas, ha dejado de distribuir recursos de todo tipo, me podría pasar… El otro día lo he hecho, una enumeración de los recursos que iban a las provincias, y cuando digo ‘las provincias’, como hoy se formula en términos polémicos, se dice ‘voy a fundir a los gobernadores’, se supo que se dijo en una reunión de Gabinete, pero no es a los gobernadores, los recursos que le han sacado a las provincias argentinas son, por ejemplo, el Fondo de Incentivo Docente, consagrado por ley.

 

O sea, que es ilegal, robo se llama, apropiación ilegal de recursos que corresponden no al gobernador, no al gobierno, no a las provincias, sino a los docentes de toda la Argentina. Le han sacado la plata del bolsillo a los docentes, le han sacado la plata del bolsillo a los laburantes, a los estudiantes con el Fondo Compensador del Transporte, por ejemplo, que era un fondo que el Gobierno nacional aportaba a las provincias argentinas para aliviar el costo del boleto.

 

Se ha hecho también lo mismo, lo propio, con incumplimientos legales, con lo que remite a la compensación que hacía el Gobierno nacional a aquellas provincias que no habían cedido la caja, o no habían cerrado su caja para que las jubilaciones las haga todo el ANSES. Hay provincias, como la nuestra, que tienen un sistema jubilatorio propio. Bueno, estaba marcado por ley, por el Pacto Fiscal también, por compromisos recíprocos, que el Gobierno nacional distribuía recursos a las provincias que no habían cedido su caja jubilatoria al Gobierno nacional. Lo dejaron de hacer. En esa situación, están muchas provincias argentinas, también la provincia de Buenos Aires. O sea, que es un robo no al Gobierno, no al gobernador y no en abstracto a la provincia. Es a los habitantes de la Provincia, los y las bonaerenses y, particularmente, a los maestros y maestras, particularmente a todo aquel que toma transporte público, particularmente en el interior, a los jubilados y jubiladas de la provincia de Buenos Aires y a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires porque retuvieron ilegalmente 750.000 millones de pesos de un Fondo de Seguridad que constaba, la obligatoriedad de distribuirlos, en el presupuesto nacional.

Por eso vamos a la Corte Suprema de Justicia, que es el lugar donde originariamente hay que discutir los diferendos de este tipo entre las provincias y el Gobierno nacional. Acá no hay diferencias, hay robo a plena luz del día. Y casi dicho explícitamente, ‘los voy a fundir, les voy a sacar los recursos’, aún siendo ilegal, los únicos recursos, ‘y voy a cortar toda la obra pública’. Porque en eso también tiene obligaciones el Gobierno nacional. Hoy lo vemos y lo sufrimos en rutas nacionales, 80 escuelas que nos han dejado paradas. Nosotros teníamos 1000 obras en la provincia de Buenos Aires que estaba ejecutando el Gobierno nacional, sin contar las que son de convenios con cada uno de los municipios que, también el Gobierno nacional, viendo una necesidad, podía firmar un convenio con un Gobierno municipal, con un intendente. Bueno, esas obras, también todas paradas, pero han parado escuelas, centros de primera infancia, han parado obras en hospitales, han parado las rutas, han parado toda la obra. ¿Puede el Gobierno nacional hacerlo? No, no puede, porque están incumpliendo una obligación. Y son recursos que le corresponden a las provincias. ¿Y de dónde salen? Se llaman nacionales, ¿pero dónde sale? Del trabajo, del esfuerzo, de la producción. Hasta del consumo y del patrimonio, bueno, los patrimoniales son nuestros, pero una parte porque podríamos asociar algunos impuestos, pero, ¿de dónde salen? Del laburo de los bonaerenses. Y que se ceden históricamente al Gobierno nacional para que haga algo, no para que no haga nada.

 

Entonces, yo en este sentido quiero ser muy claro. Ante esa ausencia del Gobierno nacional, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires hace enormes esfuerzos para compensar, para sustituir una deserción que se nota por todos lados. Y nuestros esfuerzos son naturalmente insuficientes para cubrir esa ausencia. Porque un país federal no es que puede prescindir del Gobierno nacional, que no haga nada en el territorio, que no haga nada para la población, que no se ocupe de la educación, de la salud, de proveer libros, no puede no hacer nada y no hace nada. Es más, nos enteramos de que el Gobierno nacional tiene un superávit, pero todas las obras están paradas. Es un superávit extraño, porque si computamos los costos que tiene no terminar la obra, y digo los costos que uno podría asociar a bienestar, al resultado de estas obras funcionando, agua, cloaca en cada pueblo de la Provincia, el costo es inmenso, si se lo restamos a ese supuesto superávit vamos a ver que lo que está generando es un doble déficit finalmente, por la obra que no se termina y el daño que eso genera, y en segundo lugar, por los costos adicionales que genere cuando esa obra se quiera terminar. Y esto también es algo que no está suficientemente evaluado, ni medido, ni mensurado, ni computado a la cuenta de Milei.

 

Cuando queramos terminar, nos está pasando, algunas de esas obras que han dejado inconclusas, lo saben todos los que tienen alguna responsabilidad de gobierno acá, terminar una obra que se paró durante un año, dos años es algo que a veces da ganas de decir, ‘bueno, empecémosla de nuevo’, porque hay temas legales con quien había sido contratado, incumplimientos contractuales muchas veces, pero aún si no lo hay y en la obra se rescinden los contratos, y se rescinden los contratos, hay una dificultad muy grande para que una nueva empresa, para que una nueva constructora, un nuevo ejecutor de esa obra la pueda terminar. Porque esas obras incluyen garantías sobre una obra que ha quedado vieja, ni hablar si es intrusada, si es vandalizada como está ocurriendo. Esta obra paralizada, la verdad es que genera costos todos los días.

 

En materia de seguridad, nosotros no podemos darnos ni ese lujo ni un respiro. Así que en la ausencia del Gobierno nacional decidimos, con un esfuerzo muy grande de los municipios y del Gobierno provincial, intentar cubrirla.

 

Y esto la verdad que hoy tiene una concreción con quienes están presentes, ya lo habíamos hecho, la provincia de Buenos Aires sigue invirtiendo en seguridad, sigue invirtiendo en patrulleros que es algo importante porque, siempre cuento la historia, y el hecho de que nadie nunca me haya marcado que había alguna imprecisión muestra que, obviamente, es cierto, lo que pasa es que parece mentira.

 

Cuando nosotros llegamos a la provincia de Buenos Aires para tomar una parte de la provincia de Buenos Aires, pero muy densa en materia poblacional, que es el conurbano, tenemos 1.100 cuadrículas y teníamos un total de 790 patrulleros en estado calamitoso para cubrir 1.100 cuadrículas. Evidentemente, uno puede hacer cualquier discurso sobre seguridad, pero si no pone un mango, no pone un peso, no hay patrulleros, no hay equipamiento, no hay chalecos, no hay munición, no hay tecnología, hay menos agentes de Policía. Y bueno, el discurso es simplemente marketing y verso. ¿Qué hicimos? Bueno, reconstruir, recuperar lo perdido y multiplicarlo.

 

Durante la etapa anterior, el gobierno anterior al nuestro, en esos 4 años se perdieron 10.000 agentes en la Policía de la provincia de Buenos Aires por diversos motivos. Bueno, con esta última promoción hemos alcanzado 16.000 nuevos agentes, es decir, sustituir lo que se había perdido y comenzar a hacer crecer a la fuerza.

 

Hoy está en curso una nueva convocatoria en la que también debemos involucrarnos en cada uno de los distritos, una nueva convocatoria para formar parte de la Policía de la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero es un trabajo, no es una cuestión que se resuelve en un minuto, ni chasqueando los dedos, ni con buena voluntad y, menos todavía, con TikTok o con palabras vacías, hay que hacerlo. Y es un trabajo permanente.

 

Entonces, en ese sentido, entre las tantas medidas que hemos tomado, de 790 patrulleros, compramos 5.500 nuevos patrulleros para Patrulla Urbana, pero además, más de 1.000 para Patrulla Rural. Yo diría 6.600 patrulleros nuevos en una provincia donde encontramos chatarra y además en una cantidad absolutamente insuficiente.

 

Y bueno, ¿qué debemos hacer? Comenzar un proceso también de reposición. Un patrullero funcionando en la calle no es lo mismo que un auto al servicio de una familia, un vehículo que desempeña funciones en el ámbito privado, personal o familiar. Uno dice, ‘¿cuánto dura un automóvil, cuánto dura un vehículo?’ Bueno, años, años, algunos tienen 10 años, más de 10 años.

 

Bueno, un patrullero rodando, cumpliendo servicio, dos años, cuatro años de vida útil. Puede extenderse eventualmente y hay que hacerle los mantenimientos, pero no se extiende mucho más. Entonces, esos 6.600 patrulleros van requiriendo un proceso de reposición permanente y continua, además de lo que hacemos en mantenimiento. Es un elemento importante de este Fondo de Seguridad que estamos distribuyendo entre los diferentes municipios, la cuestión del equipamiento y, particularmente, los vehículos.

 

Así que la provincia de Buenos Aires adquirió 750 nuevos patrulleros, eso se va a distribuir, principalmente, no exclusivamente, en el interior de la provincia de Buenos Aires y también un fondo de más de 70.000 millones de pesos para que los municipios del conurbano bonaerense o los municipios de lo que sería el Gran Buenos Aires, puedan adquirir los patrulleros también para la Policía de la Provincia.

 

Junto con otras acciones que estamos llevando adelante, la de las motos, que son cambios también normativos o aplicación de normativa, que en el caso caso de las motos recordarán ustedes que hay 1.000, y las conocen, 1.000 motos de alta cilindrada que habíamos comprado en la gestión anterior, son las BMW de 850 de cilindrada.

 

Luego, ahora estamos haciendo una adquisición de 700 nuevas motos de menor cilindrada para otras prestaciones, que también van a estar operando en la provincia Buenos Aires en brigadas o en bases motorizadas. Así que esto, tiene que ver con el anuncio que hacía el Ministro con respecto a la cuestión del uso de las motos y de diferentes medidas de cuidado para impedir este delito tan habitual de motochorros. Así que, bueno, todo esto forma parte de una inversión que, para sintetizar, se realiza desde la Provincia, pero se ejecuta desde los municipios.

 

Los municipios de menos de 70.000 habitantes van a tener una triplicación en los fondos que reciben para sus policías, así que estamos hablando de un total de 170.000 millones de pesos de inversión de la provincia de Buenos Aires que, como decía recién, importante, relevante un gran esfuerzo, pero no implica que dejemos de reclamar lo que le corresponde a cada uno de los y las bonaerenses del Fondo de Seguridad del que nos han privado.

 

Dicho esto y para terminar, les agradezco a quienes hoy nos acompañan, intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, que saben lo que es lidiar día a día con una realidad muy compleja. Recién hablaba con el intendente de Olavarría, con Maxi, lo que está pasando en toda la Provincia, pero que tuvo un hito hace pocos días en su distrito, de cierre de empresa vinculada, en este caso, a la construcción.

 

Ustedes saben que la construcción, desde que llegó el gobierno actual, cayó un 28% la construcción. La industria cayó un 12%, el consumo cerca de un 10%, es decir, que todo esto está pegando en la población, en los y las bonaerenses, ¿y a dónde recurren? Cuando tienen un problema de inseguridad, cuando tienen un problema vinculado a laburo, a los alimentos, a los remedios. Yo he escuchado decir, ya de forma reiterativa y yo diría a esta altura ya con alevosía, decir que ‘al Estado hay que destruirlo’. ‘Al Estado hay que destruirlo’.

 

Los que estamos acá y tenemos responsabilidad de gestión nos han votado para que el Estado funcione mejor y para que dé más respuesta, por lo menos el mandato que creo que todos los que estamos aquí tenemos no es destruir nada del Estado, es más, es ampliarlo.

 

No hay municipio que uno recorra y experiencia que tengamos, donde los vecinos y vecinas de cada uno de los distritos no nos pida ‘falta un jardín de infantes, amplíen el hospital, falta determinado equipamiento o bacheo, o caminos rurales’, y eso no es menos Estado, es más Estado. Es más Estado en cada uno de los distritos.

 

Yo no tengo duda que además, cuanto más cercanos estamos a la vida cotidiana de la gente, como lo están los intendentes e intendentas de la provincia de Buenos Aires, más claridad tenemos con que hay una parte importante de las necesidades y de las dificultades que no las puede suplir la actividad privada, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Y para eso está el Estado.

 

Que tenemos que hacerlo de mejor manera, más eficaz, con mejor llegada, eso por supuesto. Pero, ¿destruir el Estado? ¿Romper lo que hay? Imposible ¿Dejar de ampliarlo? Más todavía en situaciones como esta. Le estamos dando de comer a través del módulo MESA a más de 2 millones de pibes y pibas en la provincia de Buenos Aires. Los hospitales municipales, tenemos más de 80 distritos donde el único prestador de salud es el Estado. Donde el único prestador en materia de educación, es el Estado. Y en esos distritos, la verdad que no hay ninguna veda, ninguna prohibición, ninguna restricción para que se instalen los privados. Es más, hay una invitación y me consta, permanente de los intendentes, a que quién quiera tener un establecimiento educativo, de salud, una clínica, algún servicio particular, se instale.

 

Le damos todo el acompañamiento y todas las facilidades, lo que pasa es que por escala, por, a veces también poder adquisitivo, no es rentable. Y la verdad que es un hecho simplemente que uno describe, no es algo que estamos inventando ni que estamos polemizando con nadie.

 

Hay determinadas actividades en determinados lugares, en determinadas circunstancias que no son rentables y que, sin embargo, son esenciales. ¿Quién puede dar una respuesta a eso? El estado. Y solo el Estado y exclusivamente el Estado, y esto es así en cualquier punto del planeta tierra, en cualquier punto del planeta tierra.

 

Entonces, me parece que es de un nivel de negación, de negación ideológica de las condiciones reales en las que vive nuestra sociedad, que después nos lleva a esta contradicción, este discurso de terminar con el Estado, pero cuando uno habla con los vecinos y vecinas te piden, ‘necesito una escuela, hacé tal cosa’. Han dicho que la obra pública se puede generar a través de una recaudación, como si fuera una rifa, una kermés o un fondito que hagan los vecinos para hacer un puente o una autopista.

 

Qué nivel de desconocimiento absoluto de la provincia de Buenos Aires, diría de la realidad de cualquier lugar del mundo. Eso no es así, no funciona de esa manera en ningún lado del mundo, para eso está el Estado. Alguien podrá criticar y yo lo siento importante, conveniente escuchar esas críticas, que el Estado tiene que hacer mejor, o más o distinto. Todo eso está bien, pero que no haya Estado, ¿a quién se le ocurre?

 

¿Quién se va a ocupar de la salud de los bonaerenses en cada una de las localidades? ¿Quién se va a ocupar de la educación? ¿Quién se va a ocupar de la infraestructura? ¿Quién se va a ocupar de generar condiciones para que se radiquen empresas privadas? Con esto termino, el otro día estábamos inaugurando un tramo de la Ruta 11, hecha autopista, una obra que sale 180 millones de dólares. Hacer autopista, el tramo que hacíamos de la Ruta 11, y se instalaba un supermercado.

 

Un establecimiento de una de las cadenas más famosas de supermercados. Y era, la verdad, impresionante. Una gran superficie que tenía mayorista y minorista, se daban no sé, 30, 40 puestos de trabajo, importantes para la región. Como la región a partir de la existencia de vías de comunicación, de mejores y más fluidas y más seguras, entonces se pensaba que se iba a desarrollar, hacía falta poner algún privado, que era una cadena internacional. Dijo, ‘bueno, voy a poner un supermercado’. Hablaba el responsable y decía, ‘estamos haciendo una enorme inversión, una de las más grandes que se ha realizado’. Tenía razón, era una inversión muy importante. Yo no me acuerdo, estaba con Esteban Santoro, de Madariaga, y no me acuerdo si decía de 2 millones de dólares o 4 millones de dólares. Es una inversión relevante para un privado. No es pequeña, es una mediana inversión, es importantísimo y daba fuente de trabajo y prestaba un servicio y eso lo hace un privado, no tenemos supermercado público. Eso lo hace un privado. Está perfecto, pero decía ‘enorme inversión’, y sí, todos lo festejamos y lo celebramos, pero era la primera que se hacía en base a esa ruta. Entonces hagamos la comparación, la inversión era de 2 o 4 millones de dólares, la ruta salió 180 millones de dólares. Seguramente va a permitir inversiones en vivienda, en lugares de veraneo, en lugares de diversión, en diferentes instalaciones por mucho más que los 180 millones de dólares, pero ningún privado podía hacer la ruta. La tenía que hacer el Estado.

 

Y me parece que nos llevan a una falsa antinomia, a una discusión inconducente, estéril, si todo tiene que ser privado o todo tiene que ser del Estado, son dos mentiras. Yo me animo a decir que ninguno de los modelos esos existe, y casi me atrevo a decir que nunca existió, aún cuando existía el bloque de la ex Unión Soviética, tampoco era todo Estado.

 

Entonces, no existe, nos llevan a discutir cosas que no existen y que no sirven. Pero, ¿cuál es el resultado? Atacar la acción del Estado y la acción del Estado es la acción colectiva, organizada e institucionalizada. ¿Cómo vamos a hacer para que haya una ruta? ¿Cómo vamos a hacer para controlar el tránsito? ¿Cómo vamos a hacer para prestar seguridad? ‘Y, nos ponemos de acuerdo’. No quiero ponerme ni contractualista, ni teórico, ni histórico, ni discutir teoría, quiero ir a la realidad. Bueno, a través del Estado, a través del Estado que da esas respuestas.

 

Así que, yo acepto críticas, sugerencias, propuestas, el Estado tiene que hacer tal cosa, tiene que hacer lo mejor o tal tiene que ser más prioridad. Ahora, ¿destruir el Estado? Si yo tuviera esa filosofía y terminara con la escuela pública de la provincia de Buenos Aires, yo les digo qué pasaría, tendríamos, no me gusta la palabra, una suerte de desierto en buena parte de la provincia de Buenos Aires, nadie podría radicarse, como pasa con las escuelas rurales, si no hay una escuela.

 

Y después vienen los privados y hacen un barrio. Inmediatamente después vienen a pedirle al Estado la escuela, los bomberos, la comisaría, el centro de salud. O sea, no hay una antinomia, no hay una lucha, no hay una decisión que tomar, todo mercado o todo Estado, mentira.

 

Y se hace para destruir capacidad del Estado, porque es cierto que hay sectores de la población que eventualmente precisan poco, por su poder adquisitivo, su nivel adquisitivo, precisan poco de las prestaciones del Estado, pero es un grupo muy minoritario. Todo el resto, para todo el resto, simplemente respetar la Constitución. Que partiendo de esta realidad le da al Estado determinadas obligaciones que tenemos que cumplir. El Estado nacional, los Estados provinciales y consagra derechos de los individuos, derechos. Yo he escuchado a un juez de la Corte Suprema decir ‘¿cómo van a hablar de cuando hay una necesidad nace un derecho si no hay plata para cumplir los derechos?’. Bueno, eso no le quita el estatus de derecho. En todo caso, nos pone a nosotros en más deuda y con más obligaciones, porque los derechos están para cumplirlos. En todo caso es un problema que tenemos como sociedad no haber podido satisfacer todos esos derechos, pero eso no hace inexistentes a los derechos. Y menos todavía las necesidades.

 

Conclusión, estamos haciendo un esfuerzo enorme para brindar en condiciones muy complejas, para brindarle aquello que nuestra sociedad necesita, que por supuesto es producción, trabajo, salud, educación y seguridad. Muchísimas gracias.