Apertura del 152° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura bonaerense

Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas.

Quiero empezar con un agradecimiento especial a todos los presentes, pero particularmente a esta legislatura, por haberme habilitado a realizar mi informe en esta fecha, lo que me permitió concurrir el viernes pasado al Congreso Nacional.

Hoy es la primera apertura de sesiones de nuestro segundo mandato como gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Confieso que me hubiera gustado empezar esta segunda etapa en un contexto completamente diferente al que atravesamos. Estamos pasando por una circunstancia muy incierta y sombría. En virtud de la gravedad inédita del contexto, hoy no puedo limitarme a hacer la tradicional exposición, centrada exclusivamente en el desarrollo de la gestión de nuestro ámbito bonaerense. El extravagante experimento al que está siendo sometida la Argentina exige acciones extraordinarias del gobierno provincial.

Recordemos. Nuestro mandato comenzó en una situación de emergencia a la que caracterizamos como tierra arrasada y tuvimos, luego, que enfrentar la peor epidemia de la historia humana. Así y todo, y pese a las dificultades, en los últimos dos años, se había puesto en marcha un claro proceso de reactivación, consolidando en la provincia un plan de infraestructura, un plan de desarrollo productivo e industrial y de ampliación de derechos que empezaba a mostrar resultados muy positivos. Gracias a la puesta en práctica de ese plan, de ese rumbo, pudimos obtener un contundente respaldo en las recientes elecciones. El pueblo de la provincia decidió seguir avanzando derecho al futuro.

Los bonaerenses respaldaron lo que se hizo en los primeros cuatro años de gobierno: respaldaron las nuevas escuelas, los centros de atención primaria, respaldaron las obras, el derecho a la salud, a la educación, a la producción, al trabajo, a la dignidad y salieron a defender todo lo logrado con su voto. Una mayoría decidió acompañar este rumbo provincial, lo que nos permitió imponernos en 84 municipios y recuperar, incluso, el gobierno en 16 distritos incluyendo, ni más ni menos que el de la capital de la Provincia, que ya es, también, la capital de este proyecto de desarrollo provincial y el lugar donde vivo hace cuatro años con mi familia, la ciudad de La Plata.

Semejantes resultados, a contramano de todos los pronósticos y en una etapa difícil para los oficialismos, fueron el producto de haber gobernado -en las buenas y en las malas- de manera transparente, dando la cara, cerca de la gente, con seriedad y responsabilidad. Y también de manera federal: sin discriminar a los distritos por más que no los gobierne el oficialismo. Hoy más que nunca, me comprometo con ustedes, y a través de ustedes con el pueblo de la provincia, a seguir gobernando con transparencia, compromiso y sin descanso por el bienestar general, en defensa de los derechos de nuestro pueblo y en defensa irrestricta de los intereses de nuestra Provincia.

Ahora bien, la sociedad nos volvió a elegir, pero no para que las cosas sigan como están, nos volvió a elegir para seguir transformando. Estamos orgullosos de lo que hicimos, pero no satisfechos. No queremos que las cosas sigan como están: nosotros no somos el gobierno de la continuidad, somos el verdadero gobierno de la transformación. Pero esta voluntad de transformar no implica saltar al abismo o experimentar con recetas esotéricas, anacrónicas, importadas o fracasadas, por impactantes que parezcan. Los bonaerenses decidieron y expresaron contundentemente que los problemas no se solucionan con motosierra, ni con dinamita, ni con ajuste. Respaldaron lo que se hizo, pero, sobre todo, los bonaerenses dijeron que si algo no sobra en nuestra provincia son los derechos, que no sobra Estado; al revés, hacen falta más derechos, hace falta más y mejor Estado. Para ser claro, recorrimos y recorremos permanentemente la Provincia, sus 135 municipios, y donde vamos se reconoce lo hecho, pero la sociedad reclama por más escuelas públicas, por más cloacas, por más asfaltos, más luminarias, más patrulleros, no menos… “Nunca menos”.

Sin embargo, esa voluntad mayoritaria de transformación y de progreso encuentra hoy un obstáculo principal: ese obstáculo son las políticas que lleva adelante el Gobierno Nacional, a las cuales considero indispensable dedicar un tramo de este encuentro.

En las recientes elecciones, a nivel nacional, ganó otro rumbo, otras ideas y otras políticas, diferentes de las nuestras. Una parte importante de la sociedad argentina eligió un nuevo presidente, cuyas propuestas no compartimos. Pero en democracia el pueblo es el que manda y, por lo tanto, respetamos la expectativa de los argentinos que lo eligieron aspirando a un tiempo mejor. Tristemente, esas esperanzas están siendo brutalmente traicionadas.

Durante la campaña y al asumir en diciembre este nuevo mandato afirmamos, porque nunca fue lo nuestro la falsedad o la obsecuencia, que la propuesta que ganó está en las antípodas de nuestra manera de ver la vida y de entender la política y la economía. Sin embargo, también sostuvimos entonces y sostenemos ahora que vamos a respetar la voluntad popular de los argentinos. Pero en aquel discurso de asunción exigimos también, apoyados en la legitimidad del voto popular, que el nuevo gobierno nacional debe respetar la voluntad de la mayoría de los bonaerenses que respaldaron masivamente el proyecto de desarrollo, integración y defensa de derechos que llevamos adelante en la Provincia de Buenos Aires. Debe respetar a quienes democráticamente eligieron a sus intendentes, a sus diputados y diputadas, a sus senadores y senadoras, a todos sus representantes. Y eso es precisamente lo no está sucediendo: el Presidente no está respetando la voluntad de los bonaerenses y no está respetando a sus representantes y, por lo tanto, no está respetando a la provincia de Buenos Aires y a su pueblo.

Estamos en presencia de un hecho inusual, prácticamente inédito: en nuestra provincia se impuso un gobierno que no sólo no pertenece a la fuerza política del presidente sino que, además, viene gestionando hace cuatro años inspirado en ideas y convicciones completamente antagónicas a las ideas del oficialismo nacional. Resulta necesario recordarlo y que se comprenda: en la Provincia de Buenos Aires, la fuerza política de Milei fue derrotada en las PASO, en las generales y en el ballotage. En rigor, en ninguna provincia argentina ganó un candidato a gobernador de La Libertad Avanza. Esto es un hecho, pero implica que el presidente deberá aprender a convivir con gobernadores elegidos a través de los mismos mecanismos que lo transformaron en presidente. Aunque le cueste comprenderlo: la democracia se trata de respetarnos mutuamente y cumplir con la constitución, con la responsabilidad de cada uno y con las leyes. No se trata de apriete, de extorsiones, de fundir, amenazar, insultar y agredir a quienes no están de acuerdo con sus ideas y proyectos. La democracia no es un teorema, no es el Teorema de Arrow ni se explica con el dilema del prisionero; la democracia es el contrato social que recuperamos hace 40 años y volvimos a elegir para perseguir el bienestar general, respetando las diferencias y procesando los conflictos de manera pacífica. Y con memoria, verdad y justicia: ¡Gracias Madres y Abuelas! Y digo: ¡30.000 detenidos-desaparecidos presentes, ahora y siempre!

En muy poco tiempo, en el vértigo de menos de tres meses de gobierno, va quedando dolorosamente en evidencia que las propuestas y valores que ganaron no conducen ni a una mejor sociedad ni a una mejor economía. Va quedando cada vez más claro que esta dirección que adoptó el país no nos conduce a un mayor alivio ni a más crecimiento y bienestar. Vuelvo a decirlo con la esperanza de que nos escuchen: el recorte, el ajuste, sólo producen un resultado: dolor, desintegración, frustración, desigualdad, precariedad. Nunca el ajuste es inevitable, jamás el dolor y el sufrimiento de los que ya sufren es el remedio para nuestros problemas. Nuestro pueblo ya hizo demasiados sacrificios. No negamos las dificultades que debe enfrentar el gobierno nacional, pero los trabajadores, los sectores medios, los más vulnerables no pueden seguir haciendo sacrificios. No queremos motosierra ni ajuste. Queremos más inversión para seguridad, salud, educación. Austeridad para gobernar sí, sacrificios inconducentes para el pueblo… ¡No!

También, como bien dijo hace pocos días el papa Francisco, la legitimidad de origen que otorga haber ganado las elecciones, requiere también de la legitimidad en el ejercicio. Sostienen, Milei y sus funcionarios, que fueron votados para hacer este ajuste. Mienten. En la campaña electoral se repitió hasta el cansancio que el ajuste, esta vez, no era para los trabajadores, para la clase media o los más vulnerables. La mentira está a la vista: las medidas que tomó desde el primer día de gobierno, las que contiene el ilegal DNU, dañinamente vigente, y las que proponían en la Ley Ómnibus dejaron en evidencia que los únicos perjudicados son las pymes, los trabajadores y los que menos tienen. Por más que utilice recursos retóricos y que se señale para atrás al atribuir las responsabilidades, todo el mundo sabe que desde que asumió Milei y comenzó a ejecutar su plan, el deterioro que sufrió nuestro país y nuestro pueblo ha sido inmenso y catastrófico.

Tampoco son una novedad las excusas. Siempre que un gobierno aplica este tipo de medidas despiadadas para las mayorías, intenta enmascarar la realidad con palabras fraudulentas: luz al final del túnel, segundo semestre, sinceramiento, precios que estaban reprimidos, acomodamiento de precios relativos, atrasos que, de este modo, se solucionan, lucha contra una casta. Pero la cosa es más simple: más sufrimiento para las mayorías y más negocios para un puñado de privilegiados. En rigor, el ajuste no es más que una enorme redistribución en contra de los que tienen menos.

También se mintió sobre la relación con la política, con la “casta”. En la campaña repitió mil veces la frase “una argentina distinta es imposible con los mismos de siempre”. Bien, los ministros más importantes son precisamente los que venía este gobierno a reemplazar porque los consideraba “fracasados”. Son sus palabras. Toto Caputo, ministro de Macri, que endeudó, campeón de la fuga, echado por el FMI. En seguridad y defensa tiene a los candidatos a presidenta y vice del macrismo, a los que no paró de agredir y descalificar durante su campaña. Y el famoso DNU ilegal y la caída Ley Ómnibus fueron elaborados por Federico Sturzenegger, elenco estable junto con Cavallo de los noventa, de De la Rúa y de Macri. ¿Estos son los nuevos funcionarios que prometió?

Por eso decimos que, pese a sus discursos violentos, pese a los trolls de las redes, y a la pirotecnia de agresiones y de insultos, muchos de los votantes de este gobierno nacional perciben que fueron traicionados: el ajuste era para ellos y era para todos y el gobierno está lleno de los mismos de siempre, los mismos que varias veces perjudicaron al país.

Estos primeros tres meses nos dieron dolorosos ejemplos de lo que significa un plan de ajuste y redistribución salvaje: menos salud, menos salarios, menos alimentos, menos jubilaciones, menos seguridad, menos industria, menos PyMEs. Lo dijimos en campaña: estos dogmas, estos objetivos iban a hacer daño. Frente a semejantes ideas que fue desplegando el actual presidente en campaña, los derechos de los argentinos estaban en riesgo. Pero no se trata de tener razón, ahora se trata de hacer todos los esfuerzos posibles para enfrentar ese ajuste y esa motosierra y para aliviar o reparar sus efectos.

Aún en este brutal contexto, quiero reiterar cuáles seguirán siendo los lineamientos rectores de nuestro proyecto en los próximos cuatro años: Gobierno protector, Estado presente y Pueblo solidario.

No voy a hacer ahora una revisión exhaustiva de todo lo que realizamos durante estos cuatro años. Pero quisiera destacar algunos indicadores de gestión para ejemplificar de qué se trata centralmente la disputa política e ideológica de este tiempo. Durante la primera gestión:

Inauguramos 211 escuelas y entregamos 168.000 computadoras a estudiantes secundarios. Esos chicos no podían comprarlas, entonces ¿qué pasa? ¿no tenían derecho a esa herramienta esencial para su futuro? 300.000 pibes disfrutaron de su viaje de egresados, mientras se sostenía la actividad en las localidades turísticas de la provincia. Esos chicos no podían pagarlo. Entonces, ¿no tenían derecho a disfrutar? ¿Los destinos turísticos no tenían derecho a que se generen ingresos y trabajo en temporada baja?.

En los vacunatorios se aplicaron más de 45 millones de vacunas contra el COVID. ¿Cuántas se hubieran aplicado si había que pagarlas en dólares? ¿Sólo la plata garantiza que no te mueras? En la Provincia, entregamos ya 313 nuevas ambulancias de última tecnología que sumamos al sistema público de salud. Ambulancias que salvan vidas sin pedir ningún voucher a cambio. ¿Sólo pueden acceder a la salud los que tienen recursos para pagar una prepaga? Inauguramos 157 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que llevan el derecho a la salud a barrios, pueblos y localidades olvidadas. Nadie le prohibió a las empresas privadas hacer una clínica en esos barrios y en esos pueblos. Pero, ¿saben qué? No es negocio.

En la Provincia, más de 2 millones de familias reciben un módulo alimentario del programa MESA en las escuelas ¿Cuál es la idea si se interrumpe? ¿Que pasen hambre porque no tienen recursos?.

De un gobierno que en los discursos hacía eje en la seguridad, recibimos al asumir, 900 patrulleros destruidos para cuidar a 17 millones de habitantes. Pudimos adquirir en este tiempo 5.200 nuevos patrulleros, creamos la Escuela de Policía Rural, sumamos más de 5.000 nuevos policías y abrimos 16 nuevas bases de fuerzas especiales en los barrios más peligrosos. Todo esto se hizo con inversión pública, obra pública y trabajadores estatales, nuestra policía. Si no la seguridad es sólo para quienes pueden contratarla.

Asfaltamos 17.500 calles de tierra, realizamos mejoras en 8.500 km de rutas, construimos 600 km de nuevas autopistas e intervinimos 4.500 km de caminos rurales para mejorar la seguridad vial y la integración de toda la Provincia. Hicimos más de 21.000 viviendas en conjunto con el Gobierno Nacional. ¿La familia que no tiene suficiente para comprar un terreno y construir su casa nunca va a poder acceder a una vivienda digna?.

Desde el Banco de la Provincia (asistimos) con créditos por 11,7 billones de pesos a empresas, duplicamos los clientes PyMEs y llegamos así a 1,2 millones de clientes, para que produzcan más y para que crezca el empleo. Hoy utilizan la Cuenta DNI, principal, primera billetera virtual de la Argentina, casi 9 millones de bonaerenses todos los días. Es la primera billetera virtual, fue desarrollada por el Estado. ¿Los descuentos con Cuenta DNI que acompañan a los bonaerenses en los momentos difíciles son subsidios que hay que recortar? Nada impide que lo haga la banca privada, pero sólo lo hace nuestra banca pública porque no busca la máxima rentabilidad sino el máximo bienestar del que es su único dueño: el Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.

Es una enumeración muy resumida pero arroja una advertencia para el pensamiento libertario: todo esto no lo hizo la mano invisible del mercado, lo hizo el Estado bonaerense, eso que el presidente llama “organización criminal”. Criminal es frenar esas políticas y desmantelarlas; criminal es parar obras de cloaca, agua, vivienda, rutas; criminal es interrumpir de un día para el otro la transferencia de recursos que son para la seguridad, la salud, el transporte y la educación. El pueblo y la historia juzgarán como imperdonable la indiferencia y hasta el goce sádico por el sufrimiento ajeno que estamos presenciando. Es exactamente al revés, el contrario de lo que hicieron en nuestro país Néstor y Cristina con auténtica rebeldía y amor por la patria.

Sin el peso que significó la pandemia durante el primer mandato, y con todo lo hecho como base, empezábamos este segundo ciclo ilusionados y decididos a continuar con el mismo ritmo. Si en dos años, sin contar la pandemia por ejemplo, construimos 200 escuelas, en cuatro podríamos triplicar lo hecho. Y esperábamos concretar en esta etapa grandes transformaciones, más profundas, más estructurales, vinculadas a la infraestructura, la educación, la salud, la vivienda, la seguridad ciudadana. Estimulando siempre la producción, la industria -esa industria que no se menciona nunca en los discursos nacionales-, el consumo, el trabajo. Integrando y desarrollando a nuestra Provincia de Buenos Aires. A eso nos comprometimos.

Pero en menos de 90 días, la situación cambió drásticamente. Si bien cuando asumió Milei había inflación, y una necesidad imperiosa de mejorar los salarios y la distribución, ahora estamos en un escenario no solo sustancialmente más grave sino completamente distinto e inédito. ¿Qué ocurrió? Lo quiero decir con claridad: por decisión del Presidente, en base a su dogma ideológico, el Estado Nacional no sólo está aplicando un plan de ajuste tradicional y catastrófico, sino que está desertando de sus obligaciones más constitutivas, de sus tareas más elementales e irrenunciables. En 90 días nos dejan una primera enseñanza y advertencia: el Presidente Milei no quiere achicar el Estado sino desintegrarlo. Y lo reconoce.

Este objetivo que abraza Milei, llegar al gobierno para desintegrar el Estado, tropieza sin embargo con un primer y determinante obstáculo: ni más ni menos que nuestra Constitución Nacional. El 30 % de los sufragios que consiguió en la elección general, más su triunfo en un balotaje con los votos prestados de una tercera fuerza, de ninguna manera lo habilita a destruir el Estado, nuestro Estado Nacional. Por más que se crea que es portador de un mandato divino que lo envió a refundar el país, el artículo primero de nuestra Constitución, inspirado precisamente en ideas de Alberdi, es taxativo: “la Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa republicana, federal, según establece la presente Constitución”. Argentina es republicana, así que el Presidente debe respetar, aunque no tenga las mayorías, la división de poderes, a los diputados, diputadas, senadores y senadoras. Argentina adoptó un régimen representativo en todos los niveles de gobierno, así que el Presidente debe respetar no solo a diputados y diputadas, sino también a gobernadores y a todas las autoridades elegidas por el pueblo. Argentina es federal, así que Milei debe respetar a las provincias y a sus pueblos, eso implica cumplir las leyes y las normas, y dejar de extorsionar a los gobernadores para que aprueben sus leyes que lastiman los intereses de las provincias. Juramos sobre la Constitución de la Provincia de Buenos Aires defenderla y hacerla cumplir. Eso haremos.

El Gobierno Nacional no tiene como función repartir limosnas ni recursos discrecionales a las provincias, sino que tiene la obligación de contribuir al sostenimiento también de la salud, la educación, la seguridad, la infraestructura que necesita el pueblo argentino y que, para su información, no vive en un modelo teórico, sino en el territorio de las provincias argentinas. Hacerlo no es optativo, es lo que está obligado a hacer el Gobierno Nacional. En caso contrario, como ocurre hoy, el Gobierno Nacional está abandonando, está desertando de las obligaciones que tiene. También el Presidente juró sobre la Constitución y tiene que respetarla.

Disolver al Estado puede ser el objetivo explícito del anarcocapitalismo. Por más dificultades y problemas que haya, creer que todo funcionaría mejor si no hubiera Estado es una muestra ridícula de terraplanismo ideológico, conceptual y cultural. Y su puesta en práctica ya está mostrando que sólo redunda en un mayor abandono para los que menos tienen, y en un saqueo de los recursos naturales nacionales, en la pérdida de soberanía y en el enriquecimiento de los que más tienen. El Estado, por más falencias que tenga, representa el interés general, sin Estado rige la ley de la selva. No es una cadena alimenticia donde el más fuerte se come al más débil, es una sociedad donde a través del trabajo, del esfuerzo y de la solidaridad se intenta colectivamente que todos progresen. La ideología que tratan de implantar es incompatible con nuestra historia, con nuestra cultura, con nuestros valores y con nuestra Constitución Nacional. Repito: juró por una constitución que garantiza derechos, los mismos derechos que a veces parece que desprecian, atacan y ridiculizan.

En la Provincia de Buenos Aires, y en todo el país, esta política de abandono y desprotección está provocando un deterioro y un daño que son enormes, multiplicando la angustia, la desesperación y la incertidumbre de una sociedad que aspiraba a una etapa de reparación.

Atacar la naturaleza igualadora del Estado es profundamente dañino en sociedades desiguales, como la nuestra. Y es además totalmente inoportuno: el contexto mundial exige de Estados protectores. Los países que el propio Milei admira se construyeron y llevan hoy las mismas políticas que aborrece. Europa, Estados Unidos o Israel ejecutan políticas proteccionistas para cuidar la producción y el trabajo de sus ciudadanos. Muchos de ellos subsidian el transporte. Todos tienen ambiciosos planes de obra pública. En todos se regulan los mercados y se limita al monopolio. En todos el Estado interviene, y mucho, para defender al consumidor y promover la competencia. Sus presidentes, ya sean más de derecha o más de izquierda, defienden la soberanía de sus países con todos los instrumentos y limitan la intervención extranjera. Y para esas tareas y objetivos tienen una sola y la misma herramienta: el Estado que aquí, en Argentina, Milei se propone destruir desde adentro. Como señala el papa Francisco, “En esta etapa de la historia, el Estado es más necesario que nunca”.

A continuación, voy a describir rápidamente esta política de desprotección, repasando algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional y reseñando el impacto que sobre nuestra provincia causaron en menos de 90 días:

Más allá de la pirotecnia de campaña, el plan económico que resolvió aplicar el Presidente, finalmente, no es ni nuevo ni original. Se trata de un plan de ajuste ortodoxo que, según sostuvo Milei, él siempre aborreció. Así, a los dos días de asumir, ordenó hacer la devaluación voluntaria más formidable de la historia argentina: depreció la moneda en 118 % y puso en marcha la desregulación de los mercados de bienes y servicios básicos e imprescindibles para la sociedad. El abandono de las funciones del Estado llevó a las nubes a los alquileres, los remedios, el combustible, los alimentos, las prepagas, las cuotas de los colegios; en fin, todo. Devaluar y desregular los precios es lo que siempre hacen estos planes económicos. La novedad, es cierto, es que por primera vez se hizo con mayor profundidad y velocidad, pero sin ninguna, pero ninguna, medida de compensación, sin red, sin acompañamiento, sin piedad. Al final, la famosa libertad era sólo libertad para los precios, libertad para el abuso, libertad de ganancia desmedida para los sectores concentrados, y al otro lado pide buscar la sumisión, la resignación y el abandono cuando no se puede pagar. Libertad para los libertarios parece ser libertad de comprar, pero sólo para el que puede. Y para el resto, la famosa libertad que se pregona, se reduce a la libertad de carecer de todo lo que se necesita para vivir dignamente y, a veces, sólo para sobrevivir.

Ante las consecuencias de estas decisiones, se sostiene un disparate: que se evitó una inflación futura que nadie vio nunca, pero que el Presidente ubica primero en 3.000 %, luego en 15.000 %. El viernes en el Congreso, volvió a elevar a 17.000 % la inflación imaginaria que según él evitó. Aunque roce lo ridículo y aunque repita mil veces la palabra “herencia”, son las medidas que tomó este gobierno las que producen estos resultados, la aceleración de las desgracias que hoy sufre el país.

Hay otra novedad en el plano ideológico. Tenemos un presidente, acaso el único del planeta, que festeja a los monopolios y a la concentración económica que todos los demás países combaten, limitan y regulan. Los resultados están a la vista, desreguló completamente los precios de los bienes que consumen los argentinos y desregular es, simplemente, dejar de cuidar y proteger a la sociedad de los abusos de los sectores concentrados. Fue así que los precios se descontrolaron por completo.

Doy aquí solo algunos ejemplos de lo que enfrentan los argentinos en su vida cotidiana: el pan pasó de $1.200 en noviembre a $1.800 en enero, un 40 % más en menos de tres meses. El arroz pasó de $1.000 el kilo a $2.000, un 100 % de aumento en tres meses. El aceite de $1.275 a $2.600, creció un 107 %. El litro de leche pasó de estar $450 a $840, es decir, un 84 %. El detergente aumentó un 118 %. Llenar un tanque, que costaba hace tres meses $18 mil, ahora cuesta $45 mil, un 150 %. Son precios que muy pocos pueden pagar.

Y un capítulo aparte son los abusos que se permitieron con los precios de los medicamentos y en las cuotas de las prepagas. En promedio, los remedios aumentaron cerca de un 100 % desde que llegó Milei. Los laboratorios hicieron lo que quisieron con los precios, desencadenando una verdadera catástrofe sanitaria. Muchos de esos medicamentos son imprescindibles para la atención de los enfermos, tanto en forma ambulatoria como durante su internación en hospitales o clínicas.

Menciono solo algunos casos de gravedad: el Midazolam es un medicamento indispensable para la sedación de las personas internadas en terapia intensiva, lo usamos mucho en pandemia y para realizar procedimientos médicos que pueden salvar vidas. En el último año pasó de $28 a $720, un aumento de más de 1.600 %. El Omeprazol, que se usa para la protección gástrica, aumentó en el primer bimestre del 2024 un 118%, con un aumento de 1.800 % en el último año. La interrupción de su uso puede generar malestares gástricos crónicos que terminan en hemorragias digestivas, en especial en los adultos mayores. El Ibuprofeno, que es el medicamento más vendido y el más usado en el mundo para el tratamiento del dolor, presenta un aumento acumulado de un 800 % en el último año. La morfina y sus derivados, especialmente utilizados en tratamientos crónicos asociados a distintos tipos de cáncer, tuvo un aumento anual de un 2.700 %, y un derivado muy usado, que es el tramadol, aumentó 200 % sólo en el primer bimestre de 2024.

Seamos claros: a veces es de vida o muerte. No poder acceder a un medicamento necesario significa no poder curarse o acaso morir. Pero, además, la famosa libertad de precios en mercados altamente concentrados, como lo son los de los medicamentos, puso en crisis todo el sistema de salud. Los hospitales municipales, provinciales, las clínicas privadas, las obras sociales y las prepagas también. Nadie niega que el sistema venía atravesando dificultades y tensiones, pero las medidas del actual presidente lo arrojaron a una severa crisis.

Un hospital municipal, como los que recorremos a diario por ejemplo, como los tantos que hay en la Provincia, no sólo sufre el aumento de los costos; también padece el aumento de la demanda, porque muchas familias, al día de hoy, no pueden ya afrontar la prepaga ni la compra de remedios en la farmacia, y por lo tanto, acuden a los hospitales públicos que, muchas veces, son los únicos que prestan una respuesta. Así, paradójicamente, los que venían a privatizar terminaron estatizando y sobrecargando la salud pública, como ocurre también en la esfera de la educación: no pueden pagar el privado y recurren al sistema público.

Fuera de los logros imaginarios que sólo el Gobierno Nacional festeja, existe y se extiende una cruel realidad que afecta a millones de argentinos. Repasemos: la devaluación récord, la desregulación y retirada total del Estado en la administración y cuidado de los precios, son la causa de la duplicación de la inflación. Mientras tanto, se fomentó la pérdida de poder de compra de salarios privados y públicos, del salario mínimo y de las jubilaciones.

Por eso, ni bien asumió, en diciembre, los salarios registrados tuvieron la peor caída en términos reales en más de 20 años, retrocediendo a niveles de hace casi 20 años atrás. No exagero: el peor retroceso salarial en décadas con el cambio de gobierno. Para los informales fue todavía mucho peor. Por su parte, en dos meses, el salario mínimo lleva un derrumbe acumulado del 29,4 %, quedando un 32,7 % por atrás del nivel de hace un año. Así, gracias al gobierno actual, hoy tenemos el segundo salario mínimo en dólares más bajo de la región, sólo detrás de Venezuela. A los jubilados les llegó el mismo desamparo, corrieron la misma suerte: de aplicarse los aumentos anunciados por el Gobierno, por lo menos en los medios, los haberes van a terminar de caer en marzo más de un 33 %.

En síntesis, el gobierno actual le quitó a los jubilados y a los trabajadores un tercio de sus ingresos. Un tercio, como se escucha.

Es justo reconocer que finalmente el Presidente aplicó su famosa motosierra, pero la apuntó a los ingresos de los jubilados, de los trabajadores formales, informales, de los trabajadores públicos y de los trabajadores privados.

Con esta caída de los ingresos, fuera de teorías trasnochadas sobre el equilibrio general, lo que ocurre en realidad es que la destrucción del poder adquisitivo pulveriza la demanda, el mercado interno y el consumo. En efecto, las ventas, según CAME, se desplomaron desde que subió Milei en un 28,5 %. Recordemos que en los cuatro años del gobierno de Macri, había caído el mismo indicador, con la misma fuente, un 17 %. Casi el doble ahora, pero en sólo dos meses.

Las ventas en farmacias cayeron, comparadas con un año atrás, un 46 %. En alimentos y bebidas -¡la comida!-, un 37 % y así en cada rubro. También se hizo añicos el crédito para el consumo, con una reducción del 36,5 % solo en enero.

Como se ve, suben los precios y no los ingresos, caen el crédito y el consumo, caen las ventas y la demanda. ¿Cuál es el siguiente eslabón de la cadena?.

La próxima desgracia que llega, inexorablemente, es la recesión que ya empieza a observarse en menos de tres meses: despidos en la construcción, despidos en el comercio, suspensiones y despidos en la industria; cierre de empresas y de negocios. Una historia conocida y dolorosa, resultado inevitable de este tipo de políticas. Algunos casos: Acindar, interrumpió la producción de acero ante la caída de 40 % de su demanda para construcción, industria automotriz, electrodomésticos. El año pasado, la industria automotriz había alcanzado su máxima producción en 10 años, hoy empieza a achicar turnos y realizar suspensiones. Ni hablar de la temporada: caída de visitantes, estadías más cortas, reducción del consumo.

A este cuadro hay que agregar otro de los elementos de estos planes de ajuste que se nos aproxima: el tarifazo energético. Es simple y sencillo, el objetivo es poner las tarifas energéticas a “precio internacional”. Esto ya está ocurriendo con los combustibles, que quieren cobrarlos al mismo precio que se paga en Estados Unidos o Europa, un dólar por litro, pero sin tener en cuenta dos realidades claves: primero, que los salarios, jubilaciones e ingresos en Argentina son hasta 10 veces menores medidos en dólares. Y, segundo, que la energía de nuestro país se genera con recursos que son de todos los argentinos.

El Gobierno Nacional resolvió aplicar en estos últimos días un tarifazo que todas las provincias se ven forzadas a trasladar a los usuarios. La quita de subsidios y aumento de los ingresos de las empresas de distribución eléctrica ya implicó aumentos para los hogares que llegan al 200 %, y para pequeños comercios e industrias al 390 % en Capital y Gran Buenos Aires. Pero además, el Gobierno Nacional busca que las distribuidoras provinciales regularicen inmediatamente sus pagos, incluso embargando a las cooperativas, esto obliga a todas las provincias a realizar aumentos tarifarios de similar magnitud para afrontar los pagos al mercado mayorista de energía. Pero esto no es todo, la política de quita de subsidios anunciada por el gobierno de Milei, va a significar que los hogares de ingresos medios y bajos multipliquen hasta cinco veces sus facturas de luz y gas.

Todo el mundo sabe, menos el gobierno actual, que cuando se produce la recesión, el Estado cuenta con distintos instrumentos para sostener el empleo, evitar la caída de la producción y reactivar la economía. Así salió el mundo de la crisis del 30, así salió el mundo de la recesión del Covid. Pero claro, para esta ideología, el Estado debe autodestruirse. Así que se decidió dejar que se profundice la recesión que produjo su política económica, con un retiro del Estado de sus funciones y un recorte feroz del gasto y la inversión pública.

Es importante analizar la naturaleza del recorte presupuestario. Insiste el Gobierno que se logró el déficit cero cortando las “cajas de la política”. Pero lo cierto es que, aunque había llegado a firmar un compromiso en la televisión nacional y había prometido cortarse un brazo antes de subir impuestos, elevó el impuesto PAIS de 7,5 % a 17,5 % y elevó también las retenciones. Y el recorte realizado en enero se explica de otra manera muy distinta, como muestran los números: lo que cayeron fueron las jubilaciones y las pensiones que paga el Gobierno Nacional, en un 32,5 % en términos reales. Cayeron los programas sociales, como el Potenciar, las Becas Progresar, la atención médica a beneficiarios de pensiones no contributivas, que se redujeron en un 59,6 %. Los salarios de los estatales se redujeron un 18 %. La obra pública bajó un 75,6 %. Las asignaciones familiares un 17,7 %, las transferencias a las Universidades Nacionales el 16,5 %, y a las provincias el 53,3%, sólo en enero.

Lo escuchábamos declamar el viernes, para regocijo de algunos que poblaban los balcones del Congreso, que se ajustó a la política. Como se ve, es verso. La motosierra se aplicó a los jubilados, a los laburantes y al pueblo de las provincias, a las asignaciones familiares y a las Universidades Nacionales. Para ser justos y exhaustivos, no todos los renglones del gasto se redujeron, hubo una partida que creció y muy fuerte: fue el pago de servicios de la deuda externa, que se incrementó un 139 % en términos reales.

Para peor, ya se está notando el efecto de estos planes que buscan el déficit cero a través de la contracción de la inversión pública. La caída de la actividad, por la reducción de ingresos de los privados y de las erogaciones públicas, tienen un efecto inverso: alejan el resultado esperado porque la recesión reduce la recaudación impositiva. Este efecto ya está entre nosotros. En febrero, la recaudación de impuestos internos, como el IVA, se desplomó en términos reales y cayó un 17 % en lo que va del año y un 7,5 % con respecto a enero. En igual sentido, la licuación de los salarios y la destrucción de empleos empieza a generar una caída en la recaudación en materia de contribuciones y aportes a la seguridad social del orden de 17 %, también en términos reales. Por eso, el gobierno incrementó las retenciones y el impuesto PAIS, que crecieron fuertemente pero que se los apropia íntegramente el gobierno nacional y no se distribuye entre las provincias argentinas.

Así, más allá de los recortes de partidas que realizó el Gobierno, en venganza por la caída de la Ley Ómnibus, la coparticipación se redujo en un 20,4 % interanual en febrero. Es la peor caída en 45 meses. Entonces: el ajuste genera recesión, la recesión reduce la recaudación y así se aleja la meta de bajar el déficit. A esto hay que sumar, además, el efecto devastador que tendrá la recesión causada por estas políticas sobre la recaudación propia de las provincias, que agravará de manera potenciada la situación financiera de sus gobiernos.

Por lo dicho, el discurso del otro día hubiera sido más sincero si se hubiera plagiado al de Nicolás Avellaneda cuando asumió la presidencia en 1874. Dijo Nicolás Avellaneda: “Hay dos millones de argentinos que economizarán hasta sobre su hambre y su sed para responder a la situación suprema de los compromisos que nuestra fe pública tiene con los gobiernos extranjeros”. Milei aplica, ahora, la motosierra pero para los 47 millones de argentinos. Mientras aporta recursos ilimitados para los acreedores extranjeros de la deuda en dólares, aplica a los salarios y a los ingresos, una caída tremendamente dolorosa. Lo dicho: no es ajuste, es redistribución de los vulnerables y los sectores medios hacia los ricos y los acreedores extranjeros.

Esta cita del discurso de Avellaneda habilita un comentario sobre el paraíso perdido que tiene el actual Presidente, el modelo de país al que aspira a llevarnos. Ha dicho varias veces que Argentina fue la primera potencia mundial a fines del siglo XIX y que después, según él, el país “se arruinó”, porque se presentó entonces un modelo que es “el modelo de la casta”. Es decir, según el Presidente el Estado se creó para favorecer a los políticos, se aplicó la justicia social que es en realidad un robo porque les quita a algunos a la fuerza para darle a otros y se comenzó con una inflación producto del déficit cubierto con emisión. Todo esto es un disparate. Afirma que la Argentina era la primera potencia mundial basándose en estadísticas de producto bruto per cápita del Proyecto Maddison. Esas estadísticas no son confiables para aquella época y fueron cuestionadas por sus fuentes y su metodología. Pero más allá de eso, la verdad que no da orgullo ver a un presidente argentino sosteniendo esa insensatez en Davos delante de representantes del resto del mundo.

Sólo tres breves comentarios sobre lo que esto significa, ¿cuál es la realidad? A fines del siglo XIX -y también ahora- las políticas se definían por su poderío militar, científico, industrial. Argentina era, entonces, el llamado “granero del mundo”, un país dependiente que, por la extraordinaria fertilidad de sus tierras, exportaba materia prima sin elaborar cuyas ganancias caían en manos de un reducido número de propietarios agropecuarios. Pero la mayoría de la población, en buena parte inmigrantes que vinieron al país a buscar tierras que pocos encontraron, vivía en condiciones poco menos que miserables. Así lo atestigua crudamente el informe sobre la situación de los trabajadores que describió Bialet Masse, comisionado por un decreto del presidente Roca, y tantas otras crónicas de la pobreza y de la exclusión de la época. Era un país primarizado, desigual, injusto, que exportaba el cuero crudo para después comprar ropa fabricada en Inglaterra. Estas injusticias derivaron en un enorme descontento y en fuertes protestas que no puedo describir aquí. Y, además, Argentina no tenía ni siquiera una democracia con voto universal: ni los pobres ni las mujeres votaban. Es cierto, existía muy poca presencia, entonces, y regulación del Estado como le gusta al Presidente. Era ese un país para pocos que se sobreendeudaba y que cayó en profundas crisis financieras. Hasta los próceres preferidos de Milei comprendían, como Roca, que se necesitaba más obra pública o, como Alberdi, que se necesitaba una educación pública, gratuita y universal. La democracia plena, la universidad abierta se empezaron a construir después, con el radicalismo. La industrialización y la inclusión social se consolidaron con el peronismo. No sólo añoran un país pre-industrial, pre-peronista sino también uno dependiente y pre-democrático.

Corresponde analizar, en especial, dos renglones del recorte de Milei: la obra pública y las transferencias a provincias. Porque esta Legislatura tiene que conocer el estado de situación que se desprende de las decisiones tomadas por el gobierno nacional y las consecuencias en todo el territorio de nuestra provincia.

Se decidió eliminar por completo la obra pública, produciendo la parálisis casi total de los proyectos en curso, con un -94 % de caída real interanual estimada. En esta línea, el Índice Construya, que mide los volúmenes vendidos al sector privado de los productos para la construcción que fabrican las empresas que lo conforman, bajó -19,6 % desestacionalizado mensual y se ubicó un 29,2% por debajo de enero de 2023. Se ponen en riesgo aproximadamente 500.000 empleos formales en todo el país, lo que genera en forma directa la construcción y, otro tanto, en nuestra provincia.

Cuando Milei defiende orgulloso el “ajuste” tal vez no comprende o tal vez no le importa el daño que causa parar las 900 obras que el gobierno nacional tenía en marcha en la provincia de Buenos Aires. Son obras fundamentales para ampliar los derechos y mejorar la vida de los bonaerenses. Para él, la obra es sinónimo de corrupción. No conoce nuestra provincia, ni ninguna otra y no sabe de sus necesidades. La obra pública no sólo genera empleo y reactivación de las economías locales en cada uno de los municipios, en cada pueblo, sino que, para su conocimiento, esas obras nunca las podría haber hecho un privado simplemente porque no dan ganancia, ni tampoco las financiarán los vecinos porque exceden sus presupuestos familiares. O las hace el Estado o no hay dignidad en la provincia de Buenos Aires.

Desde esta Legislatura, donde están representadas todas las fuerzas políticas y regiones de la Provincia, le decimos al Presidente que el trabajo, el desarrollo y la dignidad que estas obras construyen no se pueden frenar. Y exigimos: ¡las obras se tienen que reiniciar de manera urgente!

Seguramente, algunos esperan que como gobernador me queje exclusivamente por el recorte a las provincias en general y a esta provincia en particular. Para el Presidente, los gobernadores sólo defienden “cajas políticas”. Pero hay que poner las cosas en su lugar: no se trata del ajuste a las “cajas”, sino en cómo afecta esta política a la sociedad en su conjunto, a los sectores medios, a los trabajadores. Ya mostramos cómo se redujeron los ingresos, la producción y el empleo y cómo aumentó la pobreza. Ahora veremos cómo el ajuste a las provincias atacó directamente a los bolsillos de sus habitantes. Agradezco a esta Legislatura, a todas las fuerzas políticas porque reaccionaron con la misma denuncia: las decisiones que tomó el gobierno nacional no son contra un gobernador, no son contra un gobierno, son contra el pueblo de la provincia de Buenos Aires y tienen que terminarse.

Conviene recordar, también, que la provincia de Buenos Aires, aun en el año 2023, cuando en teoría fue la mayor beneficiaria de transferencias “discrecionales” del gobierno anterior, en realidad ese año fue la provincia que menos recursos tuvo y ejecutó por habitante, y es además la que menos trabajadores públicos tiene por habitante. Es la provincia que menos gasta y la más austera de la Argentina. Esto se debe, en parte, a una injusticia histórica. Cuando se aprobó la Ley de Coparticipación en el año 1988, nuestra provincia sufrió una pérdida en su coeficiente. Así, en la actualidad, la Provincia aporta el 40 % de la recaudación, pero recibe por coparticipación cerca del 22 %. El año pasado, en 2023, de los recursos no automáticos, no los de la coparticipación, que el Presidente llama “discrecionales”, la provincia recibió el 42 % pero de un monto más pequeño. Sumando coparticipación y otras transferencias, nuestra Provincia alcanzó menos del 25% del total de los recursos transferidos a todas las provincias. ¿Es justo, es defendible que una Provincia que representa el 40 % de la población, el 40 % de la producción, el 50 % de la industria, el 60 % de los habitantes vulnerables reciba sólo el 25 %? Y la injusticia es todavía peor y eso es lo que no parecen entender. Todos los recursos que se recaudan provienen de la actividad económica y de la riqueza que se produce en las provincias. Si en lugar de tomar sólo los impuestos coparticipables consideramos el total de los recursos, se encuentra de nuevo que el 40 %, aún con los no coparticipables, provienen de nuestra Provincia, pero de ese total, Buenos Aires recibe solo el 7,5 % de los recursos, mientras que el gobierno nacional retiene un 66 %, ese número sí es comparable. Por eso, está mal, no corresponde, no es lo que dice la Constitución sostener que el gobierno nacional no debe hacerse cargo de nada, sólo dedicarse a ajustar. Ni de la salud, ni de la educación, ni de la seguridad, ni de la infraestructura. Según esa ideología anarcocapitalista todo lo humano le es ajeno. Nosotros, desde aquí, vamos a seguir peleando por recuperar lo que nuestra provincia y las demás provincias merecen y necesitan.

Por eso, desde que asumió el gobierno actual, se redujo buena parte de los giros a las provincias por fuera de la coparticipación. Pero luego, cuando por obstinación, incapacidad e impericia la llamada Ley Ómnibus fue rechazada, Milei decidió públicamente vengarse. Sí, como lo escuchan, sostuvo que iba a fundir a las provincias, que las iba a dejar sin un peso. Comenzó, entonces, con una andanada de agresiones hacia los gobernadores, los diputados y los senadores de todos los signos políticos.

Lo triste del caso es que, en lugar de castigar a los gobernadores, se recortaron recursos y fondos que iban directo a los bolsillos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Recortó, primero, el Fondo de Incentivo Docente, que es un aporte del gobierno nacional que existe desde el año 1998, 26 años, y que fue sostenido por 10 presidentes de todos los signos políticos. Lo canceló Milei. Presidente, sepa que no castiga así a un gobernador ni a un gobierno, castiga a 400 mil docentes de la provincia y también a 5,2 millones de pibes y pibas y a sus familias. Como resultado de esta medida arbitraria e intempestiva, ya hubo dos medidas de fuerza a nivel nacional.

Recortó, también, el subsidio al transporte y el Fondo Compensador del Interior, generando un incremento en el precio del colectivo en todo el país. Si bien aún no es posible cuantificar el exacto impacto de esta reducción, se estima que en algunas localidades, el boleto de colectivo estará cerca o incluso superará los $1.000 pesos. Boleto Milei en todo el país. Mil pesos el boleto de colectivo.

Y aprovecho para aclarar brevemente dos puntos sobre el boleto en el Gran Buenos Aires. Recordemos que en nuestra provincia contamos con 1 millón de usuarios del transporte público en el interior y 6,5 millones en el Gran Buenos Aires. Es cierto que el boleto históricamente es menos costoso que en el interior de la Provincia y del país. Tan cierto como que, en general, mientras en el interior de nuestra Provincia y en el interior nacional el transporte suele resolverse con un solo transporte, en nuestro conurbano, por sus características, más de un tercio de los viajes requieren dos transportes y a veces tres. Es normal que muchos para ir a trabajar tengan que pagar tres boletos: colectivo, tren y colectivo. No es comparable de ninguna manera.

Pero también en el conurbano llegaron los aumentos de Milei. Desde la época de Macri, el precio del boleto lo fija el gobierno nacional, y en el caso de pasajes entre Capital Federal y la Provincia, el subsidio lo paga la Nación, pero los que son para las líneas del conurbano, la inmensa mayoría, el subsidio lo paga íntegramente el gobierno provincial. Como lo escuchan, el precio del pasaje lo establece la Nación pero el subsidio lo paga la Provincia. En enero nuestra Provincia pagó $1.000 millones de pesos de subsidio para el interior y 56 mil para el conurbano.

Recapitulemos: Milei, después de la Ley Ómnibus le sacó del bolsillo parte del sueldo a los docentes y aumentó el pasaje de colectivo en todo el país. Pero después, aplicó medidas individuales: a Chubut decidió no refinanciarle su deuda con Nación y a nuestra provincia de Buenos Aires, por decreto, le quitó el Fondo de Fortalecimiento Fiscal que viene recibiendo hace tres años que estaba en el presupuesto e incluso en la decisión administrativa de este mismo gobierno. Ese fondo se utilizaba para adquirir equipamiento de seguridad, para el mejoramiento de salarios de la policía, para infraestructura y también para alimento en las escuelas. No es al Gobernador, no es al gobierno, es al pueblo de la provincia de Buenos Aires al que le sacan sus recursos.

Recordemos que estas transferencias, lejos de ser discrecionales, son obligatorias. Que responden a leyes, decretos, normas y acuerdos vigentes, aunque no sean automáticas. Por eso, le otorga al Gobierno Nacional la posibilidad de no transferirlas pero sólo cuando incumple con sus obligaciones con normas, leyes, decretos y con acuerdos. Prometimos defender a la provincia de Buenos Aires. Por eso, como otros gobernadores, estamos reclamando lo que les corresponde a sus provincias, según el régimen federal que eligió la Argentina. Parece mentira que, a esta altura de la historia, Milei haya reeditado el enfrentamiento entre unitarios y federales. Parece mentira pero estamos defendiendo hoy, a cada una de las provincias argentinas.

Después de este salvaje ajuste sobre el conjunto de la sociedad, se festeja estar llegando al déficit cero, incluso con manifiesta alegría, una perversa alegría surgida del sufrimiento de las mayorías. Lo que llama equilibrio es, en realidad, una sociedad cada vez más desequilibrada. ¿Qué clase de equilibrio puede experimentar una persona a la que de golpe le quitan el trabajo o un tercio de sus ingresos? ¿De qué equilibrio habla el presidente cuando miles de familias tienen que cambiar a los chicos de colegio, cuando hay pacientes cuyos tratamientos se interrumpen, cuando caen los sueldos y crecen las dificultades de los jubilados para acceder a sus medicamentos, cuando hay tantas obras paradas, cuando cae el salario, cuando cierran los comercios? ¿A eso llaman equilibrio? Ese supuesto éxito equivale a “equilibrar” la economía de una familia, cortando la comida de los chicos y los medicamentos de los abuelos. Eso no es equilibrio, es una masacre social.

Se puede estar a favor de un menor protagonismo del Estado, pero de ninguna manera se puede desproteger de esta forma a la sociedad y someterla a un experimento. Sólo un gobierno que no responde a sus responsabilidades y es insensible, puede llevar adelante medidas tan dañinas de forma tan veloz, sin ofrecer políticas que amortigüen sus efectos.

Para peor, este rumbo que se le quiere imprimir al país con estas políticas va, como dijimos, a contramano del mundo. En un mundo crecientemente injusto y conflictivo, en el que se precariza la vida, los Estados nacionales protectores son cada vez más necesarios. Mientras tanto, Milei desmantela el Estado Argentino, dejando a la gente más indefensa. Eso de la Escuela Austriaca y el anarcocapitalismo no se aplica en ningún lugar del mundo y, mucho menos, en los países que él admira. Más que defender la absurda Escuela Austríaca, lo que el Presidente debería defender es la Escuela Argentina, la nuestra.

Sabíamos que sería complicado, sabíamos que las ideas y propuestas desplegadas en campaña conducirían, de aplicarse, a resultados angustiantes para la enorme mayoría. Pero lo que estamos viendo es mucho peor de lo previsto, mucho peor de lo imaginado. Incluso habiendo dedicado toda la campaña a advertir sobre el riesgo que corrían los derechos frente a las propuestas de Milei, aún así nos quedamos cortos frente a este espectáculo de crueldad.

No estábamos preparados para ser un escudo; queríamos ser el motor de una etapa donde se profundizara la industria, el empleo, el desarrollo y el bienestar. Sabíamos que faltaba mucho, pero que eso que faltaba se alcanzaría con políticas nacionales destinadas a producir más y repartir mejor. No hay tiempo para lamentarse; frente a estas nuevas circunstancias, la pregunta que guía nuestra tarea es: ¿Qué significa llevar adelante un Gobierno protector, un Estado presente en este contexto?.

Resulta urgente montar y fortalecer un gobierno que sea más sensible y protector que nunca, reforzando los lazos de solidaridad y cooperación con todos los demás actores de la vida pública nacional que sufren el mismo embate que sufren, hoy, los bonaerenses. Por eso, todas nuestras medidas de gobierno estarán orientadas a amortiguar, a frenar, a defender, a proteger todo lo que se esté abandonando o atacando desde el Gobierno central. Sabemos que nuestras posibilidades para hacerlo son limitadas, pero la voluntad de proteger al pueblo bonaerense de este ataque no reconoce ningún límite. Si no hay recursos suficientes, los reemplazaremos por más esfuerzo, por más presencia, por más trabajo y por más solidaridad. Quiero, ahora, ejemplificar con algunas medidas que expresan esta voluntad.

Comenzamos por esta Legislatura a la que quiero agradecer porque, en diciembre pasado, fue aprobada la ley que nos autorizó el financiamiento para cubrir todos los vencimientos de este año, de 2024 y, además, se creó un fondo para brindar recursos a los municipios. A diferencia de otros años, dadas las dificultades macroeconómicas que sabíamos que nos tocaría atravesar, este fondo es de libre disponibilidad y puede compensar, al menos parcialmente, la caída de la recaudación producto del desplome de la actividad. Tal y como estaba establecido en la ley, en febrero se distribuyó el 10 % de los 116.000 millones de pesos en los 135 municipios de la Provincia. Sirve para indicar, para observar, el contraste con el incumplimiento del gobierno nacional: son transferencias no automáticas, pero sí obligatorias de la Provincia hacia los municipios y como corresponde, las estamos respetando.

Hicimos, en estos meses, fuertes inversiones educativas en los edificios, en el material, pero también alcanzamos el acuerdo con todos los trabajadores del Estado, con aumentos salariales en enero y en febrero del 25 % y 20 % para hacer frente a la aceleración de la inflación que produjo la política nacional. Como resultado de ésto y por quinto año consecutivo, las clases comenzaron en la fecha que marca el calendario. Llevamos 4 años sin paros docentes provinciales generalizados, garantizando los días de clase. Este resultado no es producto de vínculos personales entre los dirigentes, sino de una enorme inversión que ha hecho la Provincia y del respeto a los trabajadores. Por supuesto que en cada escuela será una realidad distinta, por supuesto hay mucho por hacer, pero la defensa y la mejora de la educación pública son una prioridad inclaudicable en nuestro gobierno.

Desde el punto de vista de los recursos, y aprobado por esta Legislatura, para sustituir los fondos que el Gobierno Nacional viene sustrayendo de nuestra provincia, elaboramos democráticamente una Ley Impositiva cuyos ejes fueron: la elevación de las alícuotas a los sectores concentrados de la economía beneficiados por esta política económica, la adopción del impuesto a los rendimientos de instrumentos financieros, la implementación de un anticipo extraordinario sobre Ingresos Brutos para 254 grandes empresas altamente concentradas, el incremento solidario en el inmobiliario que afecta sólo a menos de un 10 % de las propiedades de mayor valuación fiscal, mientras que para las restantes se sostiene un incremento por debajo de la inflación y también, la actualización de los impuestos patrimoniales. El sistema impositivo tiene que ser cada vez más justo, eso significa que deben contribuir en mayor proporción los que más tienen y los que más pueden.

Reforzamos, además, nuestras líneas de fiscalización y control de la evasión sobre sectores de alta capacidad contributiva, dentro de la ley, como los operativos de fiscalización catastral, enfocados en zonas de alta valuación fiscal, que nos permitieron detectar en estos años unos 15 millones de metros cuadrados que no estaban declarados, incluyendo más de 20.000 piletas en hogares, habiendo ya recuperado más de $6.100 millones de pesos de recaudación. Evitamos, también, la evasión de propietarios de embarcaciones deportivas y de lujo, lo cual nos permitió que se den de alta más de 1.500 embarcaciones que no estaban registradas y recuperar hasta el momento más de $1.700 millones de pesos de recaudación impositiva. Adentro de la ley, todo.

Para sostener, ante el aumento en el costo de vida, y particularmente de los alimentos, el nivel de consumo, en lo que va del año movilizamos más de $232.500 millones de pesos mediante los beneficios de la Cuenta DNI, a través de 22,6 millones de transacciones que alcanzaron a 3,6 millones de bonaerenses.

Profundizamos, también, la promoción de la producción y el consumo de alimentos bonaerenses mediante el programa “Mercados Bonaerenses”. Desde su lanzamiento, ya realizamos 19.800 ferias en 115 municipios de la Provincia, eliminamos intermediarios, mejoramos los márgenes de los productores y reducimos el precio que paga el consumidor.

En lo que respecta al acceso a los alimentos de los sectores vulnerables y para atenuar la caída en la entrega por parte del Gobierno nacional, a partir de este mes dispusimos el incremento en la inversión de los programas de Servicio Alimentario Escolar (SAE) y el Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA Bonaerense) en un 94 %. Estos programas alcanzan a más de 2,4 millones de destinatarios y la inversión mensual pasó de $27.000 a más de $52.000 millones de pesos.

Para compensar la eliminación, por parte del Gobierno Nacional, de los programas de incentivo al consumo de bienes durables como Ahora 12, desde Provincia Compras desarrollamos diferentes líneas de promoción en cuotas sin interés. En lo que va de 2024 se realizaron más de 170.000 compras por $28.800 millones de pesos, por parte de 113.000 bonaerenses.

En lo que respecta a la producción, para atenuar el impacto de la devaluación y evitar la desintegración del aparato productivo bonaerense, desde el Banco Provincia junto al ministerio de producción y el de agricultura, seguiremos apoyando a las PyMEs y emprendedores bonaerenses a través de las líneas de crédito con tasas atenuadas: desde enero de 2020, llevamos otorgados en términos reales $11,7 billones en créditos a la producción; el 80 % de ese monto contó con tasas subsidiadas y el 80 % estuvo destinado a Pequeñas y Medianas empresas. Basta recorrer la provincia para ver para qué sirve la Banca Pública.

Por otra parte, ante la total y absoluta inacción del Gobierno Nacional, a fines del año pasado anunciamos una línea especial para desastres naturales. Entre enero y febrero, se colocaron créditos blandos por casi $700 millones de pesos, de los cuales el 81 % se concentró en Bahía Blanca, epicentro del desastre que provocaron las tormentas a fines del año pasado. En su visita a dicho municipio, el Presidente nos dijo que nos arreglemos con lo que teníamos, en una absoluta falta de solidaridad y empatía. Lo hicimos en la medida de nuestras posibilidades. A disposición, todo el Gobierno provincial, de aquellos que sufren la catástrofe.

Para fortalecer el trabajo, y ante los ataques frontales a los trabajadores, desde la Provincia no sólo se impulsaron las paritarias para alcanzar mejoras salariales y de condiciones laborales en toda la administración pública, sino también se abordaron los conflictos laborales que se presentan por cierres de empresas o paralización de la obra pública y para sostener los puestos de trabajo en el sector privado.

En lo que respecta a la Obra Pública, contra el abandono del Gobierno nacional, el Gobierno provincial sigue trabajando y destinando sus esfuerzos para sostener la inversión, los empleos y la continuidad de las obras. Estamos haciendo esfuerzos para continuar o reanudar las 1000 obras que tiene en marcha la Provincia en conjunto con los municipios. Específicamente, el Gobierno nacional paralizó y desfinanció cerca de 900 obras que se encontraban en ejecución en la Provincia de Buenos Aires. No va a ser posible, probablemente, suplir la ausencia de un Gobierno nacional pero lo cierto es que resolvimos hacernos cargo de algunas obras clave, como de la finalización de 86 Centros de Desarrollo Infantil, que benefician a 6.600 niños y niñas. Avanzaremos, también, en la finalización de las 13 Escuelas Técnicas, beneficiando a 10.400 estudiantes. Además, decidimos continuar con los proyectos más relevantes que el Gobierno nacional ha abandonado en materia de acceso al agua potable y al saneamiento, tales como el Recambio de Acueducto Pereyra en Berazategui ($1.116 millones de pesos), la Cloaca Máxima-Chascomús ($600 millones de pesos) o el Colector Cloacal Norte de Olavarría (más de $500 millones de pesos para sus tres primeras etapas).

También, desde el Gobierno nacional, se frenaron y abandonaron las obras de vivienda. Ya son 16.000 las viviendas paralizadas en la Provincia de Buenos Aires. Entre 2019 y 2023, finalizamos junto con el Gobierno nacional 21.086 viviendas. En respuesta a esta política de abandono y paralización, continuaremos sosteniendo con la construcción de 7.941 viviendas que tenemos en ejecución en la Provincia de Buenos Aires.

Se desfinanciaron, también, las obras de urbanización en barrios populares. En la Provincia de Buenos Aires, a diciembre de 2023, había 425 obras en ejecución en barrios populares que eran llevadas adelante por la, injustamente acusada, Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU). Para atenuar los efectos sobre los sectores populares, desde la Provincia de Buenos Aires vamos a continuar con las 255 obras de urbanización que tenemos en marcha a través de nuestro organismo provincial, OPISU.

En lo que respecta al transporte, el Gobierno nacional pretende también desertar por completo. Ante la quita del Fondo Compensador del Interior y el aumento de las tarifas en trenes y colectivos del Gran Buenos Aires, se multiplicó a veces por cinco el pasaje. La Provincia de Buenos Aires sigue sosteniendo con recursos propios el 95 % de los subsidios que las empresas de transporte reciben en la actualidad, para evitar mayores aumentos en el boleto de los colectivos y micros. Además, vamos a sostener el Boleto Estudiantil que, desde que asumimos, ya abarca a un total 24 universidades públicas del Gran Buenos Aires y del Interior que, a partir de octubre de 2023, se extendió también a estudiantes del Nivel Terciario, alcanzando un total de 359 instituciones educativas. Seguiremos trabajando en la ampliación del Boleto Estudiantil para que los estudiantes de las distintas modalidades de Educación de Jóvenes, Adultos y Adultos Mayores y para los estudiantes en el Nivel de Formación Profesional, así como también en la extensión del Pase Libre Multimodal a más beneficiarios. No nos van a quitar el Boleto Estudiantil, que es producto de una lucha que llevaron adelante los estudiantes de nuestra provincia.

El ataque a la educación pública del gobierno de Milei llega por todas partes. Ante el recorte de los recursos que llevó adelante el Estado nacional, con la eliminación del FONID y otros programas nacionales, decidimos llevar adelante el pago del FONID en febrero con fondos provinciales, como complemento de los salarios de las y los docentes de la Provincia. Asimismo, se continuó en enero y febrero con los pagos relativos a la quinta hora y a la Jornada Completa, que eran fondos que debía girar también el Estado nacional. Lo hemos hecho también con otros programas nacionales interrumpidos: Educación Social y Cultura, Educación Sexual Integral, Gestión Educativa, Formación Docente, Conectar Igualdad, Educación Técnica. Sostener todo lo que le quitan a las provincias, seguramente sea imposible pero no tengan duda de que seguiremos trabajando para que se le devuelva a la Provincia lo que corresponde y para que los programas que podamos sostener, continúen en marcha. La educación pública se defiende.

También la Universidad Pública fue víctima de la motosierra. Ante el ajuste que están sufriendo las 23 universidades nacionales localizadas en nuestra Provincia y los intentos de frenar la puesta en marcha de tres nuevas universidades en el Delta, en Pilar y en Ezeiza, seguiremos defendiendo el derecho a la universidad pública y gratuita. Mediante el Programa Puentes ya incorporamos 55 municipios a la red bonaerense de centros universitarios, inauguramos 21 nuevos centros universitarios y aseguramos el dictado de 81 carreras con más de 3.800 alumnos inscriptos. En este nuevo contexto, no solo continuaremos con el programa sosteniendo las carreras ya lanzadas, sino que vamos a concluir las obras en ejecución para poder sumar en el interior de la Provincia 20 nuevos centros universitarios que se encuentran hoy en construcción. Frente al ataque permanente a la Ciencia y la Tecnología, a sus instituciones, al CONICET, vamos a seguir defendiendo a nuestros científicos y a nuestros investigadores, sepan que desde acá los admiramos y que vamos a continuar jerarquizando la Comisión de Investigaciones Científicas y todo nuestro sistema científico y tecnológico.

El derecho a la salud fue también víctima del ajuste en estos escasos menos de 90 días. Por el abandono del Estado hubo que compensar programas nacionales a través de políticas y programas provinciales, siempre que fue posible. Entre otras cosas, nos hemos tenido que hacer cargo de la compra de medicamentos de alto costo para personas con problemas oncológicos, con hemofilia o con hipertensión pulmonar, lo que implica una inversión de más de $3.500 millones. La crueldad y la indiferencia parecen no tener límites. Tuvimos que ampliar el vademécum provincial para cubrir los medicamentos más requeridos para el tratamiento del cáncer. Ya iniciamos el proceso de compra, lo que significa una inversión de más $11.000 millones, que dará respuesta a unas 1.700 personas con cobertura pública exclusiva que recibían la medicación de la Nación y dejaron de recibirlos. Otro tanto ocurrió con los insumos médicos: la Provincia tuvo que salir a adquirir lo que el Gobierno nacional dejó de enviar, con una inversión adicional anual de más de $50.000 millones. Se trata de reactivos e insumos para la detección de enfermedades transmisibles como zika, dengue, chikungunya, rubéola, sarampión, chagas, influenza, virus respiratorios, son medicamentos para la atención de embarazadas y el tratamiento de la hemorragia pos parto, medicación para el tratamiento de hipertensión durante el embarazo, cánulas de alto flujo en lactantes para soporte respiratorio pediátrico, medicación e insumos de laboratorio para detección de VIH, sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual. Me pregunto: los que no puedan pagar ¿qué es lo que esperan, que no reciban tratamiento? Bueno, la respuesta es esta: hasta donde podamos, cuenten con el Gobierno provincial.

En materia de seguridad, ante la desregulación y el aumento de precio de los combustibles, tuvimos que triplicar los recursos fiscales para mantener la misma cantidad de litros de nafta y gasoil. Hoy con ayuda de los intendentes, cuando el litro promedio rondaba $350, teníamos un nivel de patrullaje que estamos intentando sostener. Por otro lado, pese a la falta de pago y posterior eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal que, además de otros usos, generaba recursos para efectuar el pago salarial a nuestras fuerzas de seguridad, estamos manteniendo los niveles salariales de nuestra policía, equiparados con las fuerzas federales. Es un esfuerzo grande, pero la retribución de las fuerzas de seguridad es condición para después exigir.

Frente al ataque a la cultura y a los artistas el Gobierno provincial impulsa políticas de protección y fomento de la cultura, tales como el Fondo de Fortalecimiento y Protección de la Cultura Comunitaria que alcanza a centros culturales, festivales autogestivos y colectivos culturales. Impulsamos también el Plan de Acompañamiento al Sector Editorial, apoyando a las ferias del libro existentes y creando seis nuevas ferias allí donde el sector se encuentra en crecimiento. Estamos preparando la organización de la Segunda Edición del Festival Internacional de Cine Bonaerense, es un festival de festivales. Es nuestra cultura, es nuestra identidad, son nuestros artistas, los vamos a cuidar.

Mientras el Gobierno Nacional muestra desprecio por las cuestiones ambientales y por las energías renovables, seguiremos promocionando y contribuyendo a una transición energética que permita la generación de energía de forma más eficiente y sustentable para el ambiente. El DNU de Milei derogó el Régimen de Fomento a la Generación Distribuida de Energía Renovable. Igualmente, en la Provincia continuaremos con la instalación de equipos fotovoltaicos en escuelas rurales, con la instalación de parques solares en distintos lugares de nuestra provincia y con la entrega de luminarias LED. Además, el Gobierno Nacional abandonó la creación de 18 plantas de reciclado, abandonó el saneamiento de los basurales y la construcción de Centros Ambientales, por ejemplo, en Tornquist y en Madariaga, que iban a contar con el apoyo de Nación y que planteaban una solución para la gestión de residuos urbanos. Desde la provincia de Buenos Aires continuaremos trabajando en la problemática de los residuos de forma integral, coordinada y acompañando a los municipios con asistencia técnica, maquinaria, recursos y planificación, lo que incluye la mejora de las condiciones laborales de las y los cartoneros en cada rincón de la Provincia.

Sabemos que Milei abandonó la perspectiva de género, pero en nuestra Provincia seguiremos ampliando derechos y reduciendo las inequidades con programas como “Comunidades sin Violencia”, trabajando junto a los municipios para erradicar no sólo las violencias, sino para promover la igualdad y la autonomía de mujeres y diversidades.

Podríamos seguir, pero esta enumeración alcanza como muestra. Sin embargo, es importante transmitir con franqueza a la sociedad que, pese a todo el esfuerzo protector que pongamos, el mayor o menor bienestar socioeconómico que experimenten los argentinos, dependerá en una inmensa medida del nuevo gobierno nacional. Lo que queremos garantizar es que jamás, pero jamás, la provincia de Buenos Aires va a salvarse sola, no vamos a ser cómplices de un afán desintegrador (del presidente). La Provincia promoverá cada vez una mayor cooperación con los demás gobiernos provinciales. La Provincia viene trabajando con otros gobernadores para poner límite a un delirio centralista. ¿Qué significa poner un límite? Nuestra aspiración es clara: que ponga los pies sobre la realidad y que gobierne con respeto y dentro de la Constitución.

Después de someter al pueblo, a la democracia, al federalismo a una agresión inédita y salvaje, ahora se nos lanza una invitación que se parece más a una amenaza o una imposición que a un diálogo. Ofrece exactamente lo que dice rechazar como método de la política: si aprueban las leyes van a recibir los recursos que ilegalmente se les quitaron. Nuestra respuesta es muy clara: cuenten con nosotros para reuniones de trabajo, para encuentros destinados a solucionar problemas, incluso para debatir. Pero si se trata de encuentros para fotos y para marketing, arranquen nomás si no llegamos. Que quede claro: estaremos en todos los ámbitos que sean necesarios pero para seguir reclamando con firmeza puntos concretos con los que todas las fuerzas políticas y los 135 intendentes seguramente coincidirán:

La inmediata reactivación de la obra pública frenada caprichosamente y que afecta a los 135 municipios.
El respeto al federalismo y la inmediata reposición de los fondos vengativamente quitados a las provincias argentinas.
La devolución de los fondos del FONID para los salarios docentes, los fondos para las universidades y para transporte.
La urgente distribución de los recursos destinados a los comedores escolares y a los medicamentos.
La derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia ilegal e anticonstitucional según todos los especialistas de todas las vertientes y que es el marco para el saqueo de recursos provinciales que se viene realizando.
El firme rechazo al delirante proyecto de dolarización, lo que debilitaría la soberanía monetaria, multiplicaría la desigualdad y favorecería únicamente al narcotráfico.
El dragado del Canal Magdalena, lo que significa el respeto y la defensa irrestricta de nuestra Patria y nuestra historia, con el firme reclamo por la soberanía en nuestras Islas Malvinas.

Nuestro pacto es con el pueblo, nuestro pacto es con la Patria y con la Provincia y nunca lo vamos a traicionar.

En sus primeros 90 días, como Presidente, ha quedado en evidencia que este gobierno nacional promueve desintegración y descomposición. Pocas semanas atrás, el Presidente voló a Estados Unidos para participar en un encuentro conservador en el que expuso un discurso completamente alejado de la realidad argentina. En su alocución dijo que Occidente está en peligro. Lo que está en peligro es la unidad nacional: así como se propone desintegrar la sociedad promoviendo el egoísmo, también se está poniendo en riesgo esa unidad nacional. Presidente: no queremos ser Irlanda, ¡queremos ser Argentina!.

Por eso y para terminar reafirmo:

Ninguna provincia crece si el país salta al vacío,

Ninguna persona puede alcanzar su felicidad en una sociedad que se desintegra,

Ningún productor puede producir sin un Estado que lo acompañe, lo defienda y lo promueva,

Ningún empresario puede enriquecerse si el pueblo no tiene recursos ni para comprar lo básico,

Ningún barrio, ninguna localidad, puede tener paz si no hay más inclusión, protección y dignidad,

Ningún futuro es posible si el odio, el individualismo y la crueldad imperan en la sociedad.

Nos podrán atacar, nos podrán injuriar, podrán mentir, podrán sacar los tanques a las redes. Nosotros vamos a seguir recorriendo todos los pueblos, vamos a seguir trabajando incansablemente para sostener y ampliar los derechos y por la justicia social. Lo que no pueden robarle a la provincia de Buenos Aires es su Derecho al Futuro.

¡Viva la Argentina, Viva la provincia de Buenos Aires!